El profesor Oriol Amat comentaba vía Twitter que los plazos de pago de los ayuntamientos no cumplen la Ley contra la morosidad 15/2010 de julio de 2010, en la que se disponía una escalado decreciente en los días de pago a proveedores, tanto de la administración pública, como de las empresas. La administración pública en España, estoy cerca de desistir en el intento de intentarla comprender. La sufro y la entiendo, pero no me genera la más mínima empatía ni confianza para que me genere algo de comprensión.

La empresa privada es otra cosa. La Ley 15/2010 es un fracaso estrepitoso. Se pusieron unos máximos de días de pago a proveedores, bajando de 85 días, a 75 y finalmente a 60. Ni caso, aquí nadie se ha movido ni un ápice, especialmente los clientes grandes con los proveedores pequeños. La ley es muy vaga en sanciones y no hay fuerza reguladora y sancionadora que pueda controlar, hacer cumplir y sancionar los incumplimientos de a esta ley. Vas a un cliente grande y su frase es:

«Te pago a 120 días y a día 25 del mes, y si no te gusta, no te compro»

Pero alguien pensó antes de hacer la ley que significa la ley en términos empresariales?

Conceptualmente, con el dinero que gana una empresa se pueden hacer diversas cosas:

• Devolver dinero a los accionistas (dividendos o recompra de acciones).
• Gastar más (personal, viajes, marketing, regalos navideños,…).
• Devolver deuda.
• Invertir en activos fijos (maquinaria, equipos informáticos,…).
• Invertir en I+D.
• Invertir en capital circulante.

La ley 15/2010, empresarialmente hablando, exigía una inversión en capital circulante. Me explico. El capital circulante o de trabajo tiene la siguiente pinta:

Circulante = existencias + crédito a clientes + caja – deuda con proveedores

La inversión en capital circulante tiene sentido si persigue un objetivo concreto. Es decir, si dicha inversión tiene un retorno. Invertir en existencias puede ser para anticipar una subida de la materia prima o para proporcionar un mejor servicio al cliente a través de rapidez de entrega. Aumentar el crédito a clientes se puede hacer causado por un crecimiento de ventas, o alguna estrategia comercial agresiva. Pero lo que no tiene sentido económico es acelerar la devolución de la deuda a los proveedores. Los proveedores no cargan intereses como hacen los bancos, por lo que es dinero (financiación) gratis. Así que, invertir en capital circulante a base de adelantar pagos a clientes no tiene mucho incentivo, a menos que no se consigan descuentos (casos contados).

Resumiendo, que el gobierno español les dice a los empresarios, en medio de la peor crisis conocida en esta generación, que lo que han de hacer con el dinero que generan, es invertirlo en algo que no tiene retorno para ellos. ¡¡Qué gran idea!!

Si por lo menos hubieran dado alguna contrapartida, como la reducción del tipo del impuesto de sociedades, o las cotizaciones sociales, todavía hubiera habido alguna posibilidad de éxito. Pero no ha sido así. Los políticos españoles acostumbran a tomar decisiones pensando que el Estado puede afectar los destinos de la economía a base de obligar a la gente a hacer lo que creen que conviene, y la realidad nos está demostrando que lo que hay que hacer es un marco jurídico basado en principios rectores, con unas agencias reguladoras efectivas, que tengan capacidad sancionadora de verdad. Lo demás, el mercado lo irá ajustando con más o menos gracia.