La semana pasada el Gobierno de Su Majestad la Reina Isabel II publicó la primera
de tres entregas que tiene previsto publicar sobre el proceso para el referéndum de una eventual independencia de Escocia (http://ow.ly/hOI7V). El gobierno británico, en un ejercicio de coherencia con sus principios democráticos históricos, va a publicar tres informes para el público en general sobre este asunto. Estos análisis son muy útiles ya que la información objetiva puede servir también para dos asuntos a los que la gente presta menos atención: 1) Informar a los independentistas escoceses que no quieren escuchar más que el eco de sus ideas, que la independencia es un derecho, pero también una gran responsabilidad y, 2) Informar a los británicos unionistas que la separación de Escocia no es el fin del mundo para ellos.
Lo más destacado del informe es la opinión experta de los profesores James Crawford (profesor de derecho internacional de la Universidad de Cambridge) y
Alan Boyle (profesor de derecho público internacional de la Universidad de Edimburgo). En 184 puntos, los profesores Crawford y Boyle hacen una revisión histórica de la integración y convivencia de Escocia dentro del Reino Unido. Entran en las implicaciones de la Act of Union de 1707, y escudriñan en las ratificaciones por los parlamentos de Westminster y Holyrood. Afortunadamente, temas sentimentales como la devolución al Castillo de Edimburgo de la Piedra del Destino o «Stone of Scone» (foto) ya quedó resuelta en 1996.
Seguidamente plantean la que para mí es la cuestión más inesperada del informe. Plantean tres posibles escenarios de la estructura legal tanto de Escocia como del resto del Reino Unido tras una eventual independencia de Escocia. Los tres escenarios son los siguientes:
Escenario 1
- Escocia se convierte en un nuevo estado.
- El resto del Reino Unido da continuidad al actual Reino Unido.
Escenario 2
- El Reino Unido deja de existir.
- Se crean dos estados nuevos: Escocia y resto del “antiguo Reino Unido”.
Escenario 3
- Escocia revierte al estado anterior a 1707.
- El resto del Reino Unido da continuidad al actual Reino Unido.
No sé a vosotros, pero a mí este planteamiento me parece de una limpieza y un
fair-play envidiable. Estamos muy poco acostumbrados en España a que un documento público, aunque haya sido redactado por técnicos, no pase por el “cepillo” político. ¿Alguien se imagina al gobierno del Partido Popular o del PSOE, poniendo en un documento que una eventual independencia de Cataluña, el País Vasco o Murcia, pudiera comportar la desaparición del estado Español, para crearse uno nuevo?……pues no!
Volviendo al documento, lo que queda claro es que el tercer escenario no resulta práctico ya que tanto las leyes como los tratados internacionales de Escocia, previos a 1707, son de difícil aplicación en el siglo XXI, tanto por ser arcaicos, como
por estar suscritos con estados que ya no existen o han cambiado de régimen. El escenario en el que el Reino Unido deja de existir también plantea una serie de situaciones poco prácticas. Por ejemplo, Reino Unido está presente en el Consejo de Seguridad de la ONU, y si dejara de existir saldría de dicho consejo. Es impensable que el Reino Unido, o lo que fuera que tuviera como capital a Londres y el arsenal nuclear británico, no pudiera estar sentado en la “mesa herradura” de la ONU.
Por lo tanto, el escenario más probable sería que Escocia fuera un nuevo estado, y el resto del Reino Unido fuera el continuador del actual Reino Unido. Crawford y Boyle sostienen que este escenario plantea una serie de problemas sobre la continuidad
de Escocia en algunas organizaciones supranacionales. Escocia debería pedir el ingreso en la ONU, la Unión Europea, el Consejo de Europa, la organización Mundial del Comercio, y algunas otras, al igual que todo nuevo estado que quisiera pertenecer a ellas. A nadie, de los pocos que leen este blog, se le escapa que lo más complejo sería el ingreso en la Unión Europea, ya que los tratados de la Unión no contemplan la posibilidad de una secesión. Si Londres y Edimburgo negociaran una secesión tras un referéndum afirmativo a la independencia de Escocia, es la opinión de Crawford y Boyle que la Unión Europea se vería forzada a dar cobertura legal a esta contingencia. En paralelo al argumento sobre si el nuevo estado de Escocia pertenecería o no a la Unión Europea, está el hecho de que los individuos de Escocia ya son ciudadanos europeos, y que la Unión Europea no puede expulsar a 5,3 millones de personas que han pagado impuestos y han votado a miembros del Parlamento Europeo.
Para terminar, lo más democráticamente emocionante de todo el proceso es que las
dos partes se han prohibido a sí mismas negociar ningún asunto concerniente a una eventual independencia, tanto internamente como fuera de las fronteras del Reino Unido, hasta que los escoceses hayan votado en el referéndum. Es decir, las maquinarias del estado quedan (se supone) detenidas hasta que 4 millones de personas que viven en Escocia opinen sobre si su país debe ser independiente, o no.
Mi opinión es que los británicos son tan exhaustivos con las formas y los procesos, que si Escocia llegara a la independencia, el precedente estaría tan bien documentado que sería imposible que no hubiera más casos en actuales estados de la Unión Europea.
Marcos H. 