La Secretaria General del Partido Popular, María Dolores de Cospedal dijo en un mitin de campaña la siguiente frase: “Los territorios no tienen cuentas en Suiza; las persona sí”. Esto es categóricamente correcto. También es correcto decir que tener una cuenta en un banco en Suiza no es delito. El delito es no declararla al fisco español, caso de residir más de 183 días al año en España. Pero no voy a centrarme en los temas publicados en el diario El Mundo (salud mental), y sí en la frase de María Dolores: las personas; no los territorios.

En teoría política, hay un concepto que nace con la ilustración llamado el “Consentimiento de los Gobernados”. Infiere que los gobiernos solamente están moralmente legitimados para usar su poder estatal cuando éste deriva de las personas a las que gobierna. Durante la Ilustración, este concepto se opuso al “derecho divino de los Reyes” para gobernar, que obviamente no tenía en cuenta la voluntad del pueblo. Además, en el artículo 21.3 de la Declaración de Derechos Humanos de 1948, se dice que “La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público”. Por lo tanto, si dicha voluntad es expresada a través de unas elecciones por sufragio universal, libre y secreto, debería inferirse que la voluntad de un pueblo es el resultado de unas elecciones, o de cualquier otra consulta que cumpla con la universalidad, la libertad y el secreto.

El Consentimiento de los Gobernados tiene en su base un elemento clave, que es la transferencia del individuo al Estado, de un poder sobre el propio individuo. En el Segundo Tratado de Gobierno Civil, John Locke (no el de Lost) decía que “Siendo el Hombre, libre, igual e independiente por naturaleza, nadie puede sustraerlo de este estado para someterlo al poder político de otro, sin su consentimiento”. Digamos que para que alguien te gobierne, has de estar de acuerdo con ello. Has de transferir tu libertad individual a un ente, al cual te sometes voluntariamente, que solamente por dicha transferencia se sitúa en un nivel superior. Este ente suele ser el Estado.

Al Estado, le cedemos el poder de cobrarnos impuestos, de multarnos por exceso de velocidad, de reglamentar nuestra vida, de declarar guerras o de firmar tratados en nuestro nombre. El Estado, con lo que nos recauda, nos dota de unas infraestructuras, de unos servicios y de una protección, que permiten que la vida sea más fácil, ya que acometer obra pública u otras políticas basándose en la suma de las voluntades individuales sería imposible.

¿Y que pasa si la mayoría de los catalanes niegan el consentimiento de ser gobernadnos por el Estado español? Complicado. Unos dicen que el Pueblo catalán no tiene soberanía para decidir por quién ha de ser gobernado. Otros dicen que la unidad territorial de España es innegociable. Otros, que el Pueblo catalán es el único dueño de su destino.

Lo que pasa es que vivimos en una época (de momento) en que los derechos los tienen las personas y no los territorios. Por lo tanto, espero que María Dolores de Cospedal coincidirá conmigo que si la mayoría de los catalanes NO quieren ser gobernados por un determinado Estado, siendo las personas y no los territorios los sujetos de derechos y obligaciones (declarar cuentas en Suiza), entonces tienen todo el derecho a que así sea. No solamente a expresarlo, sino efectivamente a ser gobernados por quién ellos mayoritariamente decidan, garantizando los derechos fundamentales de la minoría que quiera otra cosa.

Algo así como un concepto llamado democracia, o el gobierno del pueblo.

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